El pasado 18 de noviembre, CERMI organizó la conferencia virtual «Exposición de los aspectos esenciales de la reforma en curso de las Leyes de Discapacidad y Autonomía Personal y Atención a la Dependencia«, en la que representantes institucionales y expertos analizaron el proyecto de ley que renovará el marco de derechos de las personas con discapacidad, mayores y quienes necesitan apoyos para su autonomía personal. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se subrayó que esta reforma responde a la demanda social de actualizar leyes que llevan años sin ajustarse a la realidad y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el encuentro, se presentó el alcance de una reforma que incorpora nuevas definiciones jurídicas, amplía la protección de derechos fundamentales —como la intimidad, la vida independiente o la accesibilidad universal— e introduce cambios importantes en ámbitos como salud mental, empleo inclusivo, vivienda accesible y lucha contra la discriminación. También se destacó la necesidad de simplificar trámites, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar que los apoyos lleguen de forma ágil y personalizada, especialmente para familias y personas en situación de dependencia.
Otro de los puntos centrales fue la apuesta por un modelo de cuidados que priorice la autonomía y las preferencias de cada persona, dejando atrás enfoques institucionales u obsoletos. Se plantearon mejoras en servicios como la asistencia personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la compatibilidad entre prestaciones, además de impulsar innovación social, cooperativas de cuidados y nuevos modelos de vivienda orientados al hogar y no a la institucionalización.
El debate concluyó con un llamamiento al consenso político y a la participación activa del movimiento asociativo para lograr una ley sólida, moderna y centrada en las personas. Según los ponentes, su aprobación supondrá un avance decisivo para garantizar igualdad de oportunidades, combatir el aislamiento, mejorar el acceso a la justicia y asegurar que nadie quede atrás por falta de apoyos o por barreras sociales y administrativas.
